Más de 12 mil reclusos podrían quedar en libertad: Gobierno alerta por grave vacío en proyecto de conmutación de penas

El Senado aprobó en general un controvertido proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de condenas privativas de libertad, desatando una ola de críticas que alcanzó incluso a sectores del propio Ejecutivo. La iniciativa abre la puerta a que miles de personas condenadas —incluyendo autores de crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y homicidios— puedan cumplir sus penas fuera de la cárcel.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, no ocultó su preocupación. “Es muy alarmante lo que se aprobó y es difícil de comprender después de una discusión tan larga”, declaró en conversación con el Expreso Bío Bío.

Un proyecto con múltiples flancos débiles

La autoridad identificó una serie de fallas técnicas que, a su juicio, hacen del proyecto una amenaza concreta para las víctimas y la sociedad. El primero y más grave: condenados por crímenes de lesa humanidad —con penas acumuladas que superan los mil años de prisión— podrían acceder de forma automática al beneficio, sin ningún requisito diferenciado según la gravedad de sus delitos ni en conformidad con los tratados internacionales suscritos por Chile.

El proyecto tampoco distingue entre tipos de delitos comunes. Quintanilla advirtió que más de 400 personas mayores de 70 años en cumplimiento de condena podrían acogerse automáticamente a la medida, siendo los delitos sexuales, el homicidio y el parricidio las infracciones más frecuentes en ese rango etario.

Otro punto crítico apunta a los reclusos con enfermedades crónicas no terminales. Afecciones como asma, hipertensión o diabetes podrían ser invocadas ante un tribunal para obtener la conmutación, sin importar la edad del condenado ni el delito cometido, y sin ningún mecanismo que acredite la veracidad de las condiciones de salud alegadas. Lo mismo aplicaría para personas con discapacidad que aleguen falta de infraestructura adecuada en el recinto penitenciario.

El resultado, según la subsecretaria, es alarmante: “Son más de 12 mil personas las que potencialmente podrían acceder a este beneficio de manera automática”.

Crimen organizado también se beneficiaría

Quintanilla fue tajante al señalar que la redacción actual del proyecto deja espacio incluso para que integrantes del crimen organizado cumplan sus condenas en sus domicilios, sin garantías reales de que efectivamente las cumplan.

En paralelo, generó polémica la posición del senador Javier Macaya (UDI), quien votó a favor de la iniciativa pese a que su propio padre se encuentra condenado por abuso sexual. Sobre esto, la subsecretaria fue cautelosa: indicó que corresponde al Senado pronunciarse sobre las inhabilidades, pero advirtió sobre “lo peligroso del mensaje que se envía a la sociedad y el riesgo concreto tanto para las víctimas como para la ciudadanía en su conjunto”.

El proyecto deberá continuar su tramitación legislativa, pero la alarma ya está encendida.

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