Gobierno no descarta ampliar proyecto “Escuelas Protegidas” en universidades tras agresión a ministra en Valdivia

El Gobierno abrió un nuevo flanco en el debate sobre violencia en espacios educacionales al no descartar que los proyectos que hoy se discuten para enfrentar hechos graves en colegios también puedan extenderse a la educación superior

La posibilidad fue planteada luego de la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, episodio que desde el oficialismo fue descrito en términos especialmente duros.

Esta señal apunta a que los hechos ocurridos en la UACh no pueden ser leídos como una manifestación universitaria más, sino como un acto que, a juicio de autoridades del Ejecutivo, cruzó un límite.

En ese contexto, desde el Gobierno se afirmó que se espera una respuesta rápida desde la propia casa de estudios, incluyendo eventuales sanciones ejemplares contra los responsables de la agresión.

La postura quedó reflejada en los dichos del subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet: “Lo que esperamos es que la universidad tome algunas sanciones”. Junto con ello, se remarcó que el rector ya anunció una investigación interna, pero que el Ejecutivo espera que ese proceso tenga consecuencias concretas. En esa línea, sostuvo: “Esperamos que esa investigación arroje la expulsión de estos estudiantes”.

Según el representante del Gobierno, “no se puede aceptar que personas que ejercieron la barbarie se llamen estudiantes”, insistiendo en que las primeras medidas deben producirse dentro de la propia universidad y con rapidez.

Asimismo, abordó la posibilidad de que este debate escale al Congreso y termine impactando también a universidades e institutos profesionales. Consultado sobre si medidas similares a las impulsadas por violencia escolar podrían aplicarse en educación superior, la respuesta fue directa: “A mí me parece que sí”.

A partir de ahí, la idea de ampliar el marco normativo quedó instalada de forma explícita. Desde el Gobierno se planteó que “en la discusión del Congreso se puede presentar las indicaciones”, argumentando que no puede aceptarse violencia “en espacios académicos, en espacios educacionales”.

Además, se recalcó que lo ocurrido en Valdivia fue “un acto de extrema violencia, de agresividad, de barbarie, y en ningún minuto fue un espacio de discusión o debate”.

Con ello, la agresión a la ministra no solo abre una investigación interna en la UACh, sino también una posible discusión legislativa más amplia sobre disciplina, sanciones y límites de la violencia en la educación superior chilena.

Fuente: adnradio.cl